Ley de Monumentos: el despojo vigente

Los tratados forman parte del parámetro de derechos

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."

Alcance: en la contradicción de tesis 293/2011 (jurisprudencia P./J. 20/2014), la Suprema Corte resolvió que los derechos humanos de la Constitución y de los tratados forman un mismo parámetro de regularidad constitucional. Todas las autoridades, incluido el INAH, deben aplicar los derechos del Convenio 169 al interpretar y aplicar la Ley de Monumentos.

Sujetos de derecho público con patrimonio propio

"Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio."

Alcance: los pueblos dejan de ser objeto de atención del Estado y pasan a ser autoridades con capacidad jurídica para decidir sobre lo que es suyo.

Patrimonio cultural material e inmaterial

"Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes."

Alcance: la Constitución reconoce expresamente que el patrimonio material forma parte de la autonomía de los pueblos. Preservar y proteger su patrimonio es un derecho de los pueblos, no solo una facultad del INAH.

Integridad de sus tierras y lugares sagrados

"Conservar y mejorar el hábitat, y preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia."

Límite que hay que señalar: la protección de los lugares sagrados queda condicionada a que una autoridad los declare. Es una restricción que reproduce la lógica de la Ley de Monumentos: el Estado decide qué es sagrado.

Consulta para obtener el consentimiento

"Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas."

Alcance: el Apartado B, fracción XV, obliga a las autoridades a consultar "antes de adoptar y aplicar" esas medidas. Una declaratoria de zona, el cierre de un acceso o un nuevo modelo de operación de un sitio son medidas administrativas que pueden afectar significativamente a una comunidad.

Instituciones operadas conjuntamente

Las instituciones y políticas dirigidas a los pueblos "deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos". La fracción III obliga a las autoridades a "adoptar las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural" de los pueblos.

Alcance: esta es la base constitucional de la coadministración. Una zona arqueológica administrada solo por el INAH, sin participación del pueblo, no cumple con el mandato de operación conjunta.

Proteger sus bienes y culturas con su participación

"Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados."

Alcance: el artículo 4.2 agrega que esas medidas "no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados". El artículo 2.1 exige que la acción del Estado se desarrolle "con la participación de los pueblos".

Valores religiosos y espirituales

"deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos"

Alcance: los sitios donde los pueblos realizan ceremonias y los objetos que usan en ellas están protegidos como parte de sus prácticas religiosas y espirituales.

Consulta de buena fe

"Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas."

Alcance: la consulta debe hacerse a través de las instituciones representativas de los pueblos, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente (art. 6.1 a).

Prioridades propias y relación con el territorio

"deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios"

Alcance: el artículo 13.2 aclara que el término tierras incluye "la totalidad del hábitat". El artículo 7.1 reconoce el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades de desarrollo en lo que afecte a su "bienestar espiritual".

Propiedad de la tierra y administración de recursos

"Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan."

Alcance: el artículo 15.1 reconoce el derecho de los pueblos a participar en la "utilización, administración y conservación" de los recursos de sus tierras. Muchas zonas arqueológicas están en tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente.

Lugares arqueológicos y restitución

"el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos o históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas."

Alcance: el artículo 11.2 prevé la restitución de los bienes culturales, religiosos y espirituales de los que los pueblos hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado.

Lugares religiosos, objetos de culto y restos humanos

"a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos."

Alcance: contrasta directamente con el artículo 28 de la Ley de Monumentos, que convierte los restos humanos en monumentos propiedad de la Nación.

Relación espiritual y control del patrimonio

"derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural"

Alcance: el artículo 31 usa el verbo "controlar". El artículo 25 reconoce la relación espiritual de los pueblos con sus tierras, territorios y aguas.

Qué es patrimonio cultural

"es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas [...] a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa."

Alcance: la definición abarca los objetos y los elementos de los territorios, y reconoce un pleno derecho de propiedad sobre ellos.

Propiedad colectiva sin trámite

"constituyen, según el caso, un patrimonio colectivo de cada pueblo o comunidad indígenas y afromexicana sin que medie procedimiento administrativo para los efectos constitutivos del derecho de propiedad y gozarán en todo momento de la legitimidad procesal activa para la protección de los usos no consentidos a cargo de terceros."

Alcance: la propiedad existe sin registro ni declaratoria. El artículo 15 la define como inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y colectiva: los mismos atributos que la Ley de Monumentos da a la propiedad de la Nación.

Consentimiento y lugares sagrados

"Tendrán especial protección sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, sus lugares sagrados y centros ceremoniales, objetos de culto, sistemas simbólicos o cualquier otro que se considere sensible para las comunidades"

Alcance: el primer párrafo prohíbe usar o aprovechar el patrimonio de un pueblo sin su consentimiento libre, previo e informado. Remite a una Ley General de Consulta que, al 9 de octubre de 2026, no se ha expedido.